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Bravo Correa

by • May 24, 2016 • ArtículosComments (0)1379

¿Cuál es la responsabilidad de Correa en las fechorías de Alex Bravo Por Emilio Palacio?

Los montos del asalto a Petroecuador son astronómicos. Sólo la rehabilitación de la Refinería de Esmeraldas -según la denuncia de Fernando Villavicencio- comenzó con un presupuesto de 187 millones de dólares en el 2008, subió a 1.200 millones el 2015, y podría acercarse a un total aproximado de 2 mil millones de dólares en los próximos meses.

¿Pero cuál fue la participación de Rafael Correa en semejante atraco? 

Le pedimos a algunos abogados (que prefirieron guardar su nombre en reserva) que nos entreguen algunas pistas, desde un punto de vista exclusivamente legal, para que el lector saque su propia conclusión. 

Una posibilidad sería apegarnos a las doctrinas jurídicas de Gutemberg Vera, el abogado personal del presidente. En ese caso no cabría sino la condena inmediata del primer mandatario.

Como se recordará, Vera sostuvo el 2011, en la querella contra Emilio Palacio, los hermanos Pérez y El Universo, que los directivos del diario eran “autores coadyuvantes” del supuesto “delito” de injurias contra el primer mandatario porque poseían voz y voto en el directorio de la empresa, donde se aprobaban las “políticas noticiosas y de opinión” del medio.

De acuerdo con esta doctrina, Correa también podría ser acusado de “autor coadyuvante” de los delitos de Bravo porque el directorio de Petroecuador está compuesto por tres funcionarios que él personalmente nombra y que por obligación deben hacer aprobar sus políticas, las que él dicta como presidente: El ministro de Recursos Naturales, el Secretario Nacional de Planificación y un tercer miembro nombrado directamente por el primer mandatario (artículo 4 del decreto presidencial que creó la empresa petrolera). 

Se deben forzar muchísimo los conceptos jurídicos, sin embargo, para acusar a los miembros del directorio de una empresa por decisiones que no han llegado a conocer.

Ocurre, sin embargo, que la relación del gerente de Petroecuador con el directorio de la empresa no es la misma que la relación del editor de Opinión de El Universo con el directorio de la compañía que publica el periódico. Hay diferencias sustanciales. Carlos Pérez sí podía delegarle a Emilio Palacio el manejo y control de la página de Opinión, pero el directorio de Petroecuador (es decir, los tres delegados de Correa) no podían encomendarle a Bravo la facultad de autorizar “las inversiones que se consideren necesarias para el cumplimiento de los fines y objetivos empresariales”, o que apruebe por su cuenta y riesgo el presupuesto de la institución.

 

Esas son atribuciones que las conoce y aprueba exclusivamente el directorio (artículo 9 de la Ley de Empresas Públicas). 

Para demostrar su inocencia, Correa tendría que demostrar entonces un imposible: Que Bravo firmó sus multimillonarios contratos sin conocimiento del directorio que él nombró, y que de alguna manera sus integrantes nunca se percataron de cómo se fueron evaporando, en el transcurso de casi ocho años, casi 2.000 millones de dólares del presupuesto anual. 

Correa quizás quiera invocar a su favor el Reglamento que Regula las Atribuciones de Directorios de Empresas Públicas, que pareciera redactado con dedicatoria, para eximir expresamente al presidente y al directorio de Petroecuador de cualquier responsabilidad por un contrato lesivo. Allí se lee:

“En el caso de contrataciones, las autorizaciones del Directorio se circunscribirán al inicio de los procesos precontractuales. No corresponde al Directorio autorizar la suscripción de contratos. El Gerente General suscribirá́ los contratos de la empresa una vez que haya verificado el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios en todas las etapas. El conocimiento por parte del Directorio de la suscripción de los contratos no exime de la responsabilidad exclusiva del Gerente General en dichos procesos”. (Artículo 9).

Pero este reglamento tan conveniente para Correa fue aprobado recién el 17 de noviembre del 2015, cuando los contratos para la repotenciación de la Refinería ya se habían firmado hace siete años y el sobreprecio había superado los 1.000 millones de dólares.

2.  La versión de que debitaron al ISSFA pierde fuerza

El 11 de mayo, al mediodía, publicamos el siguiente mensaje por Twitter: “Última hora: Patiño mintió. No debitaron nada [del ISSFA]. Lo que hicieron [Patiño y Correa] fue ratificar que descontarán 41 millones de la deuda del gobierno con el ISSFA”.

Y luego: “La intención de Patiño es hacer aparecer como que el gobierno se impuso. No es así. La pelea sigue abierta”. 

Nos referíamos a la declaración del ministro de Defensa, Ricardo Patiño, que días atrás había asegurado a la prensa que el gobierno debitó de las cuentas bancarias del ISSFA los 41 millones de dólares que supuestamente se pagaron en exceso por los terrenos de Los Samanes.

Patiño agregó que el comando conjunto de las Fuerzas Armadas no reclamaría por ese débito ya que su obligación era obedecer al gobierno.

Fuimos el único medio que en ese momento desmintió a Patiño, basándonos en fuentes castrenses. Durante varias semanas casi toda la prensa, por el contrario, siguió repitiendo la versión oficial. 

El gobierno, sin embargo, se ha negado hasta ahora a mostrar documentos que respalden su afirmación, al punto que la semana pasada, por ese motivo, algunos sectores de la prensa seria comenzaron también a dudar. 

“Ningún funcionario gubernamental ha presentado pruebas de que los 41 millones fueron trasladados de la cuenta del ISSFA a las del Ministerio del Ambiente. Solo está la palabra de Ricardo Patiño y Daniel Ortega. Y en esa palabra, los militares no creen” (Martín Pallares, 4Pelagatos, mayo 17). 

¿Pero por qué el Comando Conjunto no ha desmentido entonces al ministro de Defensa? Fuentes cercanas a la cúpula castrense nos dijeron que no quieren darle pretextos a Patiño y a Correa para que los destituyan. Si no hubo débito, no hay motivo para que ellos reclamen innecesariamente, se justifican. 

En los cuarteles, algunos comandantes prefieren una explicación más dura: “Los generales son unos cobardes; saben que si desmienten a Patiño se produciría una crisis política enorme, y no quieren comprarse ese muerto. 

Pero supongamos que mañana Patiño demuestra que nuestras fuentes se equivocaron y que el débito sí se hizo. Tendríamos entonces la prueba documental de que Correa y el ministro de Finanzas, para salvar a Marcela Aguiñaga (restándole fundamento a la glosa establecida por la Contraloría), ordenaron un acto ilegal, quizás un delito sancionado por la ley penal, (porque no se puede debitar una cuenta bancaria sin una orden judicial), lo que tarde o temprano conduciría a más de uno a la cárcel. 

  1. La oposición se consolida electoralmente

Una encuesta de la semana pasada de Cedatos encontró que si en estos momentos hubiese elecciones presidenciales, Rafael Correa, obtendría sólo el 28% de los votos. En el mejor de los casos para Alianza País, habrá necesariamente segunda vuelta. 

¿Podría Lenin Moreno revertir este panorama? La semana pasada estuvo en Manabí. La acogida que recibió fue visiblemente pobre. Se vio obligado a desautorizar unas fotos que circularon por internet donde se lo promocionaba como candidato, besando niños y ancianitas. En ningún lugar reunió a más de treinta o cuarenta personas. Alianza País no se atrevió a aprovechar su visita para convocar a sus simpatizantes y demostrar que sigue viva como fuerza política. 

Del lado de la oposición, en cambio, sigue existiendo un solo candidato con posibilidades de ganar, Guillermo Lasso. El resto (Lenin Hurtado, Lourdes Tibán o Dalo Bucaram) participarán sólo de manera simbólica. Si eso no cambia, Lasso no sólo recibirá los votos de sus simpatizantes sino además los votos de otras tendencias de derecha, centro e izquierda, que lo apoyarán en las urnas (incluso aunque sus dirigentes, como Jaime Nebot, guarden silencio) al no haber otra opción.

4. ¿Quién está a cargo de la zona del desastre?

La responsabilidad política y administrativa de la atención a las zonas afectadas por el terremoto ha pasado hasta ahora por varias manos:

 

Al inicio se puso al frente el vicepresidente Jorge Glas, que desde el ECU911 intentó coordinar (inútilmente, por cierto) las primeras acciones.

A los dos días, Correa lo destituyó (desde su avión, que volaba en esos momentos sobre Europa) y le entregó el mando a Ricardo Patiño. Glas quedó como encargado sólo de las tareas en Manta. Otros ministros asumieron la responsabilidad en distintas ciudades. 

Cuando Correa regresó al país, pareció asumir de facto la conducción del proceso. 

La semana pasada la situación se volvió más confusa. Patiño y el resto de ministros casi no han regresado a Manabí; Correa sólo va ocasionalmente; y más bien son los militares los que parecen haber asumido buena parte del control. Las autoridades políticas de la provincia, sobre todo el gobernador, intentan dar órdenes, pero en la práctica los uniformados actúan por su cuenta.

Brillan por su ausencia, sobre todo, los funcionarios de la Secretaría Nacional de Riesgos, cuya titular, Susana Dueñas, asumió el cargo días después del terremoto, sin que desde entonces haya cumplido ningún papel destacado. 

Orfa Cabezas aparecía hasta antes del terremoto como la directora provincial de Riesgo en Manabí. Ella debería una figura destacada del manejo de la crisis en esa provincia. Sin embargo, la prensa no reporta su presencia en ninguna actividad. 

5. Triunfo de los migrantes: Obligaron al gobierno a apoyar la solicitud del TPS

 

 Bravo Correa

https://www.emiliopalacio.com/las-cinco-de-la-semana.html

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