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Diego Garcia Isaias

by • October 22, 2015 • ArtículosComments (0)1397

Diego García Podría pagar una fortuna por derecho de repetición Emilio Palacio

Palacio copiaMedio país discute si Andrés Páez le caerá a golpes a Rafael Correa. Es una lástima que nos dejemos distraer con tonterías así, porque entonces no discutimos el alza de la gasolina, los despidos de empleados públicos, el desempleo, y todos los síntomas de la crisis en que nos están hundiendo.

Quizás tampoco averigüemos sobre la paliza que le acaban de propinar al estado ecuatoriano, no en un ring sino en una corte de la Florida, donde el juez John W. Thornton le dio la razón, la semana pasada, a los hermanos Roberto y William Isaías, en un juicio largo y costoso que este gobierno entabló en su contra. 

El gobierno nos dirá que es culpa de los jueces “imperialistas”, pero la sentencia parece revelar algo distinto.

El juez Thornton asegura que, en el juicio de la Florida, el Ecuador (o sea el gobierno) cometió algunas barbaridades jurídicas, y eso significa que los Isaías podrían contrademandar por difamación. En ese caso, el costo para los contribuyentes será enorme.

(Puedes consultar la sentencia en inglés aquí, y en español aquí).

¿Qué hará entonces el procurador Diego García, abogado del estado? Es poco probable que desvanezca, uno por uno, los argumentos de Thornton. Ese no es el estilo de este gobierno. Pero entonces, más adelante, quizás, tenga que asumir su responsabilidad por no haber detenido una aventura condenada al fracaso, y tendrá que vomitar una fortuna por derecho de repetición.

El prófugo que representó al Ecuador

Cuando Correa demandó a los hermanos Isaías en Estados Unidos, seis años atrás, puso al frente a la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD), comandada durante un período por Pedro Delgado. En algún momento, sin embargo, al primo del presidente lo convirtieron en falsificador de títulos y la AGD desapareció. Se produjo entonces una situación embarazosa: el demandante inicial era ahora un prófugo de la Justicia. ¿Quién se presentaría en la corte de Miami a dar la cara en su lugar?, ¿quién expondría los argumentos y pruebas para convencer a la Justicia norteamericana?

Al parecer, no hubo nadie dispuesto, porque cuando se instaló la audiencia, del 18 al 20 de agosto pasado, y el juez llamó a los testigos, el Ecuador sólo presentó al señor Genaro Eguiguren, abogado, que no era funcionario de gobierno ni presenció los acontecimientos sobre los que pretendía opinar.

El juez citó, en su sentencia, un fragmento del interrogatorio a este único testigo que llevó el procurador:

P. ¿Usted testifica como representante oficial del gobierno del Ecuador?
R. Yo no soy representante oficial del gobierno de Ecuador.
P. ¿Usted no es funcionario del gobierno de Ecuador?
R. No, no lo soy. […]
P. ¿Fue usted testigo presencial de cualquiera de esas resoluciones?
R. No fui testigo presencial.
P. ¿Estaba usted presente cuando se firmaron?
R. No.

El juez concluyó: “El único testigo de Ecuador, Genaro Eguiguren, no tenía conocimiento personal de las resoluciones de la República del Ecuador” y “no era competente para corroborar las resoluciones de ninguna manera”.

El procurador, según Thornton, ni siquiera justificó adecuadamente sus atribuciones legales para reemplazar a la AGD ante la corte: “El demandante tampoco presentó ninguna evidencia de que la República de Ecuador tuviese delegación de autoridad ejecutiva, judicial, legal, o de cualquier otro tipo, para llevar esta acción en contra de los acusados”.

Una causa prescrita

Hubo sin embargo una torpeza mayor. Cuando la dictadura decidió demandar a los Isaías en la Florida, el 9 de abril del 2009, el plazo de diez años para presentar demandas en su contra ya había prescrito.

En un intento quizás desesperado por esconder su torpeza, los abogados del Ecuador dijeron que se había ocultado un informe financiero importantísimo, de la firma Deloitte, y que eso interrumpía la prescripción del delito. Pero en el transcurso del juicio salió a la luz que el mismo gobierno había incluido ese informe en el juicio del Filanbanco que se ventiló en la Corte Nacional del Ecuador.

¿Cómo se puede ocultar un documento que el acusador lo incluye en un juicio público? Al menos en la sentencia no consta la respuesta.

El gran organizador de derrotas jurídicas

El juez Thornton añade que los abogados de la dictadura no le mostraron ninguna “evidencia sustancial” de que se hubiese cometido un delito durante la quiebra del Filanbanco, y “no desvanecieron” la acusación de que en el juicio en Ecuador contra los ex banqueros se había atropellado el debido proceso.

Con una sentencia así en la mano, los Isaías no sólo tendrán la posibilidad de reclamar que les devuelvan los gastos legales y honorarios jurídicos, sino que podrían contrademandar al estado ecuatoriano por difamación. El gobierno quizás de nuevo vocifere contra los jueces “imperialistas”, pero habrá que pagar, no quedará otra.

Ahora bien, hay un antecedente: Correa le exigió 80 millones de dólares a Emilio Palacio y a diario El Universo para reparar los daños a su “honor” por un articulo de 500 palabras. ¿Cuánto creen ustedes que podrían pedir entonces los Isaías por un juicio que duró tantos años? Un abogado que conoce las cortes de la Florida (y que pidió mantener su nombre en reserva) estima que sólo en honorarios el estado ecuatoriano habrá gastado 10 millones de dólares. ¿Así que cuánto pedirán los Isaías?, ¿80 millones de dólares, 800 millones?

Para colmo, en un alarde de audacia (¿o de irresponsabilidad?), el procurador Diego García anunció ya que “el Ecuador” (es decir Correa, con el dinero de los contribuyentes) apelará ante las cortes norteamericanas. Alguien tendría que explicarle al procurador que hay un problemita de por medio: Correa gana todos los juicios en Ecuador pero pierde todos los juicios en el extranjero. Perdió el arbitraje con la Chevron, que nos costará 130 millones de dólares. Está a punto de perder otro arbitraje por 1.200 millones de dólares, frente a la petrolera Occidental. El Ecuador se defiende en estos precisos instantes en 11 procesos arbitrales por 5.000 millones de dólares en total, ha informado el mismo procurador.

El único consuelo que nos queda es que quizás algún día las mentes “lúcidas” que nos metieron en este experimento jurídico pagarán de su bolsillo, ahora que se puso de moda el derecho de repetición del estado contra los funcionarios.

El mismo Diego García lo dijo días atrás, refiriéndose a los diputados que destituyeron la Corte Suprema en el 2004: “Ellos hicieron el daño y pretenden trasladarlo a otro”. Se lo recordaremos, cuando llegue el momento oportuno.

 

Conenido original publicado en https://www.emiliopalacio.com

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